La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, atrajo formalmente la investigación por el homicidio del periodista y analista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.
La medida busca deslindar responsabilidades tanto de los autores materiales como intelectuales de este crimen que conmociona al gremio periodístico. El giro en el caso coloca bajo un severo escrutinio al gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.
Meses antes de ser ejecutado, Leyva Aguilar, quien contaba con más de 35 años de trayectoria, denunció públicamente que era víctima de constantes amenazas, hostigamiento y acoso judicial debido a sus posturas críticas hacia la administración estatal, haciendo responsable a la autoridad de lo que pudiera sucederle.
La atracción del caso por instancias federales ocurre en medio de acusaciones contra el gobierno de Oaxaca por haber imposibilitado y negado de manera reiterada los mecanismos de protección al comunicador.
De acuerdo con los avances recabados mediante cámaras del C5 y vigilancia privada, dos sujetos a bordo de un vehículo motorizado rastrearon al periodista por más de una hora y media antes de dispararle a quemarropa.
Las autoridades federales analizan ya el material balístico, los vehículos involucrados y los retratos hablados para dar con la logística completa del ataque.
La exigencia del gremio es contundente: que la investigación no se detenga en los ejecutores materiales y alcance a quienes, desde el poder o la sombra, silenciaron una voz crítica en Oaxaca.
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