En Veracruz, los casos de embarazo infantil continúan siendo una muestra alarmante de violencia estructural y desprotección hacia la niñez. De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, en 2024 se registraron 621 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, cifra que coloca a la entidad en el tercer lugar nacional, solo después de Chiapas y el Estado de México.
Para organizaciones civiles y activistas por los derechos humanos, estos embarazos nunca deben considerarse hechos aislados, sino como consecuencias directas de abusos sexuales que constituyen delitos graves.
“Están vulnerando los derechos de esa niña. La prioridad es la niña, no tendría por qué ser el adulto. Ese es el gran problema: se sigue depositando en la niña la carga del delito”, expresó Araceli González, defensora de derechos humanos.
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Subrayó la importancia de actuar contra las omisiones y sancionar a los adultos y a las autoridades estatales que incurran en una omisión de cuidado.
Los datos no solo revelan la magnitud del problema, también exhiben la urgencia de establecer mecanismos interinstitucionales efectivos para atender a las víctimas, prevenir nuevos casos y garantizar justicia. Casos documentados, como el de una niña de 11 años obligada a parir tras una agresión por parte de un hombre de 44 años, demuestran que la impunidad sigue siendo una constante.
Por su parte, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro Olivares, reconoció que los avances han sido limitados, pese a la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), por lo que no podrán cumplir los compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Para las organizaciones sociales, el llamado es claro: cada embarazo en una niña menor de 15 años debe ser investigado como delito, y no puede ser tratado como una situación médica o familiar. Se requiere que el Gobierno del Estado y las autoridades competentes en los sistemas de salud, educación y justicia actúe de manera conjunta y con enfoque de derechos, garantizando atención, acompañamiento y sanción.
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