El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en el país con más de 4 mil 600 víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET).
Defensores de derechos humanos advierten que esta cifra no sólo revela la magnitud del problema, sino también la falta de voluntad para enfrentarlo.
Abogados especializados señalan que los procedimientos judiciales presentan irregularidades graves: resoluciones emitidas sin audiencias formales, medidas cautelares dictadas por funcionarios sin competencia legal y expedientes que se resuelven desde los escritorios, sin escuchar a los afectados.
Todo esto, sostienen, representa una violación directa a los derechos humanos y al debido proceso.
Agregan que la situación se agravó tras las recientes inundaciones en el norte del estado. Con el colapso de varias oficinas judiciales y ministeriales, aún se desconoce el destino de carpetas de investigación y expedientes relacionados con casos de tortura, lo que implica una pérdida de evidencia y la revictimización de quienes ya esperaban justicia.
Y es que enfatizan que la Fiscalía General del Estado no ha informado con claridad qué ocurrió con esos documentos.
Por eso el llamado se dirige directamente a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervenga de manera inmediata y garantice el cumplimiento de la ley. La justicia, advierten los defensores, no puede seguir siendo un lujo inalcanzable para las víctimas.
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