Casi 72 mil familias han denunciado el despojo de sus viviendas en los últimos dos años y medio, un problema que ha cobrado mayor visibilidad tras el caso de Doña Carlota. De acuerdo con la información presentada, pese al número de denuncias, las autoridades únicamente han logrado resolver alrededor de 300 casos, mientras persisten los señalamientos sobre la participación del crimen organizado y la presunta complicidad de funcionarios en este delito.
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