A 19 años de la muerte de Ernestina Ascencio, sus familiares demandaron al Estado mexicano acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó violaciones a sus derechos en 2007 y ordenó una investigación penal exhaustiva por tortura y agresión sexual, además de atención médica y psicológica gratuita con pertinencia lingüística para sus hijos y sanciones a responsables.
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