El gasto de 45.4 millones de pesos en el concierto de Martin Garrix abrió el debate sobre el uso de los recursos públicos en Veracruz.
Ahora, con el anuncio del Festival del Mar en Coatzacoalcos, ciudadanos piden transparentar su costo y cuestionan si este tipo de eventos terminan convirtiéndose en un distractor, mientras el estado que gobierna por Rocío Nahle García enfrenta homicidios, desapariciones, extorsiones y una violencia que ha cobrado la vida de periodistas.
“Ojalá gobernadora actúe de una mejor forma, fiscalice todo, todos los proyectos más que nada necesitan transparencia, a donde se gasta, que se gasta, porque se gasta y con quién se gasta”.
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Mientras los ciudadanos quieren conocer el gasto público que representará, la administración de Rocío Nahle García se ha encargado de ocultar los números para rendirle cuenta a los veracruzanos.
“Ya estuvo aquí la secretaria Xóchitl, donde promocionó el Festival del Mar en Coatzacoalcos. Pedirles que visiten todo lo que tenemos en Veracruz”.
En el mismo Veracruz que durante el primer semestre de 2026, acumuló 447 homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También informes como red lupa contabiliza más de 6 mil desaparecidos hasta mayo de 2026, mientras la extorsión en Coatzacoalcos subió un 200 por ciento, según el observatorio ciudadano.
Además de la violencia que ha cobrado la vida de los periodistas Luis Ángel López Valdez y Roxana Guzmán, hechos que mantienen viva la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en el estado.
“Pero las más urgentes es la de la seguridad, le puedo apostar que más del cincuenta por ciento de los comerciantes están pagando las cuotas a las bandas delincuenciales, parece que tiene trato con el gobierno porque de plano actúan impunemente”.
Antes de pedir que visiten Veracruz, ciudadanos piden que el gobierno de Rocío Nahle García rinda cuentas.
Hasta ahora no existe información pública sobre el presupuesto, la licitación, el contrato o el convenio del Festival del Mar. Para quienes cuestionan el proyecto, la prioridad debería ser atender la crisis de inseguridad.