Verónica Ruiz Martínez tenía 22 años, un hijo pequeño y una vida sencilla en la colonia “Hoja de Maíz” de Tierra Blanca, pero la noche del 30 de octubre los gritos rompieron el silencio de su calle. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron ya no había nada que hacer. La joven perdió la vida tras recibir múltiples heridas en el cuello con arma blanca.
El caso de Verónica no fue un hecho aislado ni una estadística más, en lo que va de 2025 Veracruz ha registrado al menos 30 feminicidios de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana. La cifra, aunque escalofriante, apenas roza la superficie de una problemática que crece entre la impunidad y la falta de prevención.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que Veracruz está entre las entidades con mayor número de feminicidios a nivel nacional, junto con el Estado de México y Nuevo León. Tan sólo entre enero y septiembre de este año los registros federales suman más de dos decenas de carpetas de investigación por este delito, sin contar los homicidios dolosos de mujeres que si bien podrían tener características de violencia de género, no fueron tipificados como tal.
El OUVMujeres ya había señalado a Tierra Blanca como uno de los municipios más peligrosos para las mujeres. Otros lugares que destacan como foco rojo son la cuenca del Papaloapan, el corredor industrial del sur (que incluye Coatzacoalcos y Minatitlán), la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, así como ciudades al norte del estado como Poza Rica y Tuxpan.
Colectivos y especialistas coinciden en que los números revelan una crisis estructural de violencia que no sólo se mide en muertes, sino en vidas fracturadas. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, muchas de ellas madres y en más del 80 por ciento de los casos, los agresores pertenecen a su entorno cercano.
La historia de Verónica se suma a una larga lista que evidencia la urgencia de actuar, es por eso que familiares de las víctimas y organizaciones civiles consideran urgente que la Fiscalía investigue con perspectiva de género, además que los municipios refuercen los protocolos de atención y que la gobernadora Rocío Nahle García, asuma un compromiso real con la seguridad de las mujeres. Porque dicen que mientras las cifras crecen y los nombres se acumulan, la justicia parece llegar siempre demasiado tarde.
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