El estado de Veracruz registra el tercer lugar a nivel nacional en embarazo infantil y adolescente durante el año 2025, según los datos del Consejo Estatal de Población (Coespo) quereflejan que las estrategias implementadas por el gobierno de Rocío Nahle García no han frenado la problemática de salud pública y de carácter social.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el 22.5 por ciento de las gestaciones registradas en la entidad correspondieron a menores de entre 10 y 14 años de edad, mientras que el 7.5 por ciento se concentró en el sector de 15 a 19 años.
“Un aproximado de 10 mil embarazos adolescentes en todo el estado de Veracruz, en los 212.../ Tenemos algunos municipios que son los que son prioritarios en este momento como Tuxtilla, Las Minas, Ixhuatlán son algunos municipios”.
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Por su parte, la organización “Kalli Luz Marina” reporta que, en la zona centro de la entidad la mayoría de los embarazos en menores de 10 a 14 años son resultado de violencia y abusos cometidos por personas mayores de edad.
“Una cifra alarmante casos en lo que es Rafael Delgado, no se deja de lado otros municipios de la Sierra como Tequila, Astacinga, Atlahuilco en donde regularmente culturalmente ocultan estos embarazos de niñas y adolescentes. lamentablemente muchos de estos embarazos son productos de violencia sexual... se agrava la situación cuando estamos hablando de chicas con minoría de edad, pero embarazadas de personas que son mayores de edad”.
Las promotoras señalaron que la falta de educación sexual adecuada y las deficiencias en el acompañamiento representan una omisión en el gobierno estatal de Rocío Nahle para atender la realidad que viven las niñas y jóvenes.
“Todavía son muchos municipios, muchas localidades, son aproximadamente 26 mil localidades en el estado entonces tenemos que llevar esa educación, eso es lo que nos falta”.
Las defensoras de derechos humanos piden al gobierno de Rocío Nahle García aplicar políticas focalizadas de educación sexual en los municipios prioritarios, evitar la revictimización institucional y garantizar apoyo médico, psicológico y legal a las menores afectadas.