Margarita Viveros Caballero encabezó una manifestación afuera de la Fiscalía de Orizaba para exigir la liberación de su hijo, Jesús Alberto Caballero, preso desde hace más de tres años en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes por un homicidio que, afirma, no cometió.
Ante ello, hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García respecto a la procuración de justicia en el estado.
En ese sentido, Margarita Viveros Caballero, madre del acusado, señaló: “Porque constantemente ha habido irregulares en su caso seguido le difieren las audiencias, y perdón por la expresión pero creo que aquí hay mano negra. Yo lamento mucho la situación de la maestra porque yo también soy madre, sí, lamento lo que estén pasando sus señores padres, pido justicia para ella y libertad para mi hijo”.
Los inconformes afirman que el proceso es ilegal y que los cargos se fabricaron tras detenerlo por supuestas agresiones a mandos de seguridad.
Mónica García Carrasco, amiga del acusado, dijo: “Le inventan un delito para tenerlo preso y acabar el clamor a la gente. Había gente que lo había visto en su casa en su negocio y son 10 kilómetros de diferencia de Ciudad Mendoza a donde mataron a la niña esta”.
Debido a que la Fiscalía posterga las audiencias constantemente, los manifestantes cuestionaron las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García sobre el combate a la corrupción y solicitaron revisar el actuar de los organismos ministeriales.
José Jorge Garay Vázquez, ex trabajador de Jesús Viveros, dijo: “No es justo porque las personas que cometieron esto, pues yo creo que están metiendo la mano para que Chucho no esté, no esté afuera con nosotros”.
Ángel Flores González, vecino y amigo de la familia expresó: “Este proceso ha sido viciado, ha sido viciado porque lógicamente las audiencias no han cumplido en tiempo y eso va retrasando este proceso, pero queremos ahorita que haya justicia para la familia Viveros Caballero”.
Los ciudadanos exigieron a la gobernadora, Rocío Nahle García, garantizar la legalidad en el caso, que se eliminen las anomalías del expediente y se revise de forma inmediata la actuación de la Fiscalía del Estado.
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