Tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación sobre el caso.
Cabe señalar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, están acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
¿Qué pasará con Rubén Rocha Moya?
Sobre el tema, el Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó cómo procederán con el caso del gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de Estados Unidos.
“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, indicó.
Apuntó que se requieren pruebas para atender la solicitud de extradición del gobernador sinaloense, acusado de vínculos con un grupo criminal.
Por ello, la FGR destacó que se deben cumplir todos los procedimientos y protocolos antes de emitir una orden de aprehensión y antes de realizar una extradición, por lo que se analizará la documentación para determinar si hay pruebas que incriminen a Rubén Rocha.
¿Podrán extraditar a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos?
La FGR afirmó que agotará las líneas de investigación para solicitar la orden de aprehensión contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en caso de que haya pruebas para un mandamiento judicial que permita su aprehensión.
Sin embargo, apuntan, que sólo se concederá la extradición si hay elementos suficientes en México, ya que debe haber primero un juicio antes de conceder la extradición para no violentar el Estado de Derecho.
Ulises Lara abundó que la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
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