El 19 de enero de 2026, el Gobierno de Veracruz realizó el cambio en la titularidad de la Secretaría de Salud, al nombrar a Mariela Hernández García como nueva responsable del sector, en sustitución de Valentín Herrera Alarcón, en un contexto marcado por rezagos operativos, auditorías en curso y observaciones financieras sin resolver en el sistema de salud estatal.
El relevo se concretó sin hacer público un diagnóstico integral sobre la situación administrativa, financiera y operativa que enfrenta la dependencia, pese a los señalamientos documentados por órganos fiscalizadores estatales y federales.
Los resultados de una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) determinó un presunto daño patrimonial por 963 mil 842.38 pesos, correspondiente a la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Las Choapas, durante la gestión de Hernández García como presidenta municipal en el periodo 2022–2025.
La observación está relacionada con irregularidades en una obra de alumbrado público con luminarias LED, conforme a los pliegos de observaciones oficiales integrados por el ORFIS y turnados al Congreso del Estado como parte del proceso de fiscalización.
El órgano fiscalizador estableció que el monto observado se encuentra en proceso de solventación, conforme a la Ley de Fiscalización Superior, sin que hasta el momento exista resolución judicial firme, por lo que la observación permanece vigente en los registros oficiales.
El nombramiento ocurre además mientras la Secretaría de Salud de Veracruz arrastra observaciones financieras acumuladas. Informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del propio ORFIS documentan presuntas irregularidades por montos superiores a mil millones de pesos en el uso de recursos del sector salud en ejercicios recientes, actualmente en revisión y seguimiento.
En este contexto, ciudadanos y personal del sector salud han reiterado que la prioridad para Veracruz es la mejora efectiva de los servicios médicos, el abasto de fármacos y la atención hospitalaria oportuna.
Por ello, exigen al Gobierno del Estado de Veracruz una revisión en la contratación del personal que permita garantizar transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento estricto de la ley, así como la solución de las observaciones documentadas por el ORFIS y la ASF, asegurando que los recursos públicos sean administrados correctamente y que la prestación de los servicios médicos responda a las necesidades reales de la población.
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