Aunque Donald Trump no dio los nombres de los políticos corruptos que se han vendido a los cárteles, todo mundo, incluído el gobierno mexicano saben quiénes son.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener nexos con el narco; también al senador Enrique Inzunza, al ex secretario de seguridad Gerardo Mérida Sánchez y a Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas y supuesto operador financiero de la familia de Rocha y enlace con Andy y Bobby López Beltrán.
También a Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa y a Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, así como a mandos policiacos como Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio y Juan Valenzuela Millán. El general Mérida y Enrique Díaz Vega ya se entregaron a Estados Unidos, los demás seguramente viven con temor.
El director de la DEA, Terrance Cole, dijo: “Déjenme ser claro, si traficas drogas mortales, lucras con el sufrimiento de otros o usas cargos públicos para proteger al cartel, esta advertencia es para ti. La DEA va por ti. Ningún título, ninguna posición o conexión política te va a proteger”.
