Han pasado más de cuatro meses desde que el Órgano de Fiscalización Superior detectó un daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos y el gobierno de la morenista Rocío Nahle, no ha fincado responsabilidades.
Una de las más significativas fueron los errores de diseño del Estadio Luis Pirata Fuente, así como las irregularidades por 160 millones de pesos en su rehabilitación.
Frente a estos señalamientos, la auditora general del Orfis se ha limitado a pedir paciencia a los procedimientos.
Al respecto, Delia González Cobos señaló: “Debe darse oportunidad al ente fiscalizable para que pueda hacer las aclaraciones respectivas. Este es un derecho que concede la ley, porque el Congreso determinó un presunto daño patrimonial no quiere decir que esto efectivamente sea”.
Mientras tanto la magna obra continúa como un elefante blanco asentado en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río con un sobrecosto de más de mil 600 millones de pesos, según la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pese a que la gobernadora, Rocío Nahle García se comprometió a corregir esos detalles, el inmueble fue utilizado por última vez en un concierto realizado en septiembre de 2025.
La Ejecutiva estatal dijo que buscaría traer de vuelta el fútbol profesional a Veracruz: “Queremos el estadio para el fútbol, a mi me da gusto que eventos de esta talla estén regresando a Veracruz”, señaló.
Ante esto la empresa C.F. Veracruzano S.A. de C.V. que tiene en comodato la administración del estadio, no ha emitido una postura sobre lo que ocurrirá con el fútbol profesional en Veracruz.
Según el contrato celebrado entre el particular y el entonces gobierno de Cuitláhuac García, en su cláusula decimocuarta dice que el comodatario deberá formar parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de lo contrario el inmueble volvería a ser propiedad del estado.
Por lo pronto el llamado “coloso” del fraccionamiento Virginia continúa sin operar y a la espera de una explicación sobre el uso de los recursos y la ruta a seguir para el cumplimiento de la ley por parte del gobierno de Nahle García.
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