Las recientes acusaciones contra Rubén Rocha Moya han reactivado el debate sobre cómo podría ser removido de su cargo como gobernador en Sinaloa.
Aunque en redes crece la presión, la destitución de un gobernador no es inmediata. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, establece mecanismos específicos como el juicio político, la declaración de procedencia o, en casos extremos, la desaparición de poderes.
El juicio político se aplica ante actos que afecten gravemente al interés público y requiere la intervención del Congreso. La desaparición de poderes permitiría al gobierno federal intervenir si se rompe el orden constitucional.
En caso de una salida definitiva, el Congreso estatal designaría a un sustituto o interino.
Se trata de un proceso complejo y poco común, que depende de pruebas sólidas y acuerdos políticos de alto nivel.
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