La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que un testigo colaborador señaló en enero de 2026 la existencia de grabaciones y a quien las sustrajo para entregarlas a Ángel “N”.
En mayo de 2026, un segundo testigo protegido reforzó ese testimonio al señalar que Ángel “N” ordenó, durante una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer evidencias.
Según la Fiscalía, las declaraciones están relacionadas con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala, donde 43 normalistas desaparecieron.
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