El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron imputados por un gran jurado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. El caso se desarrolla en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y no implica aún un juicio ni una condena.
El gran jurado, integrado por entre 16 y 23 ciudadanos, evalúa de forma preliminar las pruebas presentadas por la fiscalía para determinar si existe “causa probable”, es decir, indicios suficientes de que se cometió un delito. Si concluye que sí, se emite una acusación formal que abre la puerta a un juicio.
A diferencia del pequeño jurado que decide culpabilidad o inocencia, el gran jurado solo analiza evidencia inicial. Sus sesiones son privadas y pueden extenderse hasta dos años. Este proceso marca un paso clave, pero no define aún la responsabilidad legal de los implicados.
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