El fenómeno de los actos de corrupción es percibido en un 84.1 por ciento de la población de 18 años y más como práctica muy frecuente o frecuente en el estado de Veracruz, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
A nivel nacional, los trámites con autoridades de seguridad pública o elementos policiacos encabezan la lista de actos de corrupción más comunes en la entidad.
Seguido de la percepción de los elementos de Tránsito y Vialidad con un 73.2%, este dato destaca una alta desconfianza en una de las autoridades más cercanas a la ciudadanía.
Asimismo, se pone en duda el trabajo de los empleados del Ministerio Público o Fiscalía Estatal con el 69 por ciento y demás dependencias gubernamentales con 68.5.
La tasa de trámites dónde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 26 mil 199 por cada 100, 000 habitantes, superando a la tasa de incidencia de corrupción a nivel nacional que es de 25 mil 394 por el mismo número de habitantes.
Cero avances en el combate de corrupción
La encuesta también posiciona a Veracruz entre los estados con aumento en la prevalencia de actos de corrupción los últimos años, pasando del 9.2% en 2013 al 13.7% en 2023, y para el 2024, Veracruz tiene “cero avances en el combate a la corrupción”.
Este fenómeno es percibido por los ciudadanos como “acciones fuera de la ley” y “aprovecharse del cargo público”. De que el gobierno es el principal responsable de la corrupción es alta, aunque también se señala la participación del empresariado y la sociedad.
Ciudadanos prefieren no denunciar
A pesar de que la percepción de la deshonestidad es elevada, la cifra negra de delitos no denunciados en Veracruz es del 96.3%. Las razones principales para no denunciar son de que es inútil con el 29.5% o una pérdida de tiempo con el 18.5 por ciento.
Esto demuestra una falta de confianza en las instituciones y los procesos para combatir la corrupción, evidenciando la falta de trabajo de Alfonso Reyes Garcés, Secretario de Seguridad Pública para que tomen acciones claves para erradicar estas prácticas.
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