La violencia política ya no es un asunto aislado, se ha convertido en una amenaza latente para quienes aspiran a servir a sus municipios.
La situación alcanza niveles alarmantes y habitantes exigen una respuesta clara de Gobierno del Estado.
De acuerdo con la organización Data Cívica, Veracruz es uno de los lugares más violentos para la política en México. Hasta julio de este año se han registrado 51 eventos dirigidos contra funcionarios, excandidatos y sus familias.
En Texistepec, la candidata morenista Yesenia Lara Gutiérrez fue asesinada a balazos durante una caravana política, en un hecho transmitido en vivo que dejó además múltiples víctimas.
El proceso electoral de 2025 en Veracruz dejó como saldo tres aspirantes asesinados y al menos diez renunciaron por amenazas directas de grupos armados.
La inseguridad tampoco distingue escenarios privados o familiares. En Córdoba, Saúl Ríos Reyes, director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca, fue ejecutado dentro de un restaurante de comida rápida.
El caso más reciente ocurrió en Santiago Sochiapan donde la alcaldesa María Isela López Álvarez sobrevivió al segundo ataque armado del que ha sido víctima en lo que va de 2025.
Estos hechos no sólo han cobrado vidas y dejado heridas, también generado miedo, desconfianza y una erosión profunda de la democracia, ya que aspirar a un cargo público no debería significar arriesgar la integridad personal, ni la de terceros, al contrario, tendría que celebrarse como un acto de vocación y servicio.
Por ello, la exigencia ciudadana es clara, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz debe implementar protocolos efectivos de protección para aspirantes, funcionarios y sus familias, garantizar investigaciones transparentes y sancionar a los responsables.
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